ECUADOR .La jueza Daniella Camacho resolvió el futuro legal de los acusados por el supuesto financiamiento ilegal para las campañas electorales de Alianza PAIS, entre 2012 y 2016. La fiscal general, Diana Salazar, aseguró que con esta decisión “en Ecuador se acabó la impunidad y se empezará a recuperar el dinero perdido por corrupción”.
El caso “Sobornos”, según la Fiscalía, es una trama de corrupción que consistía en la entrega de dinero a funcionarios públicos, por parte de empresarios privados, a cambio de contratos estatales.
Al ser cohecho el delito que se persigue, este puede ser juzgado en ausencia y no prescribe. Es decir, Correa aunque no está en el país podría ser sentenciado e impedido de volver a ser candidato a cualquier dignidad.
Los llamados a juicio
Por decisión de la jueza, las siguientes personas serán juzgadas por el delito de cohecho: Rafael Correa Jorge Glas Alexis Mera Vinicio Alvarado María de los Ángeles Duarte Viviana Bonilla Christian Viteri Walter Solís Pamela Martínez Laura Terán Jamil Massuh Roberto Hidalgo Víctor Fontana Ramito Galarza Édgar Román Diego Verduga Bolívar Sánchez William Philips Rafael Córdova Teodoro Calle Mateo Choi
Rafael Correa no tardó en reaccionar y calificó el caso Soborno como “una gran payasada”.
FISCAL DIANA SALAZAR
La Fiscal Diana Salazar presentó en la audiencia de vinculación del denominado caso “Sobornos 2012-2016”, un recibo de depósito por USD 6000 en la cuenta bancaria de Rafael Correa. Por ello pidió orden de prisión en contra del exmandatario.
Solo cuatro pedidos de exclusión fueron aceptados: 1. Los impulsos fiscales. 2. Los testimonios de los cónyuges de Christian Viteri y Viviana Bonilla, procesados por supuestamente recibir aportes para campañas electorales. 3. El testimonio que dio José Conceição Santos, ex representante de Odebrecht en el país, en el juicio por asociación ilícita. Se mantiene el testimonio anticipado que dio en este caso. 4. El testimonio del representante de la firma de publicidad McCann Erickson.
Según la investigación de la Fiscalía, funcionarios del gobierno de Correa supuestamente recibían valores de empresarios con la finalidad de asegurar y mantener la adjudicación de contratos con el Estado. Mientras, esos recursos presuntamente eran usados por Alianza PAIS y para solventar gastos de la Presidencia, organización de convenciones, homenajes, fiestas, sabatinas…
El cohecho está tipificado y sancionado en el artículo 286 del Código Penal vigente al momento de los hechos investigados y permanece descrita esa conducta ilícita en el 280 del COIP que prevé penas que van de uno a siete años de cárcel. (I)
M.C