El expresidente de Ecuador Rafael Correa ha sido condenado este martes a ocho años de cárcel como autor del delito de cohecho agravado, por el que pierde, además, sus derechos políticos durante 25 años, según dictaminó un tribunal de la Corte Nacional de Justicia.
El exmandatario ecuatoriano, de 57 años y residente en el país natal de su mujer, Bélgica, ha sido sentenciado por la justicia de su país en un caso de corrupción durante su gobierno (2007-2017), ha anunciado la Fiscalía.
Una cámara de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) emitió la misma sentencia para 17 personas, incluido el exvicepresidente Jorge Glas, ya detenido por haber recibido sobornos en el escándalo de Odebrecht, y excolaboradores de Rafael Correa, según la misma fuente.
Correa ha criticado la decisión judicial en sus redes sociales denunciando lo que considera una persecución política: “Bueno, esto era lo que buscaban: manejando la justicia lograr lo que nunca pudieron en las urnas. Yo estoy bien. Me preocupan mis compañeros. De seguro ganaremos a nivel internacional, porque todo es una mamarrachada, pero toma años”, ha publicado en Twitter.
La sentencia acusa a Correa de haber liderado una red de corrupción entre 2012 y 2016 mediante la cual recibió “aportes indebidos” en el palacio presidencial de Carondelet, para la financiación irregular de su movimiento político, el izquierdista Alianza País, a cambio de la adjudicación de millonarios contratos del Estado a varias empresas, entre ellas Odebrecht.
El expresidente, que reside en Bélgica y se encuentra prófugo de la justicia por esta y otra causa, ha calificado “de payasada” el juicio y su defensa cuestionado la imparcialidad de los jueces, así como supuestas irregularidades de procedimiento en tiempo y forma.
En las audiencias previas a inicios de marzo, la fiscal general, Diana Salazar, acusó al exmandatario de haber dado las órdenes para que se cometiera el delito sin necesidad de participar directamente: “Todo estaba organizado desde arriba”, dijo.
Salazar consideró necesario el pago de una reparación económica de 1.130 millones de dólares, el valor global de cada uno de los contratos que se colocaron dentro de esta trama de corrupción.